El 6 y 7 de agosto tuvo lugar la Primera Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El evento, convocado por la asociación civil Intercambios, y auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud, contó con la presencia de 650 asistentes de varias nacionalidades y convocó a renombrados especialistas y funcionarios públicos en la materia.
Los expertos afirmaron categóricos que el actual esquema prohibicionista “no logró su meta” y concentraron sus trabajos "en la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, reformas legislativas en la región y alternativas políticas ante el fracaso de la guerra contra las drogas impulsada en los últimos veinte años".
La delegación de Brasil presentó un informe sobre cómo la ley antidrogas vigente criminaliza a los adictos no violentos en posesión de pequeñas cantidades de sustancias, exponiéndolos a la influencia del crimen organizado dentro de las cárceles. También se informó sobre una nueva legislación para despenalizar el consumo y autorizar el cultivo y la comercialización de cantidades mínimas de las sustancias.
Los ecuatorianos plantearon la necesidad de modificar los ordenamientos vigentes, al considerar que violan el principio de legalidad, y justificaron el indulto presidencial a 2,221 “mulas” encarceladas por el transporte de pequeñas dosis de drogas ilegales.
Perú reconoció que la militarización de las fronteras restringe los espacios democráticos de las naciones vecinas.
Durante el foro, el Jefe del Gabinete presidencial de Argentina, Aníbal Fernández, sugirió la necesidad de “aplicar la reducción de daños, diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo al daño que producen y cuidar por sobre todo la salud”.
Eugenio Zaffaroni, ministro argentino de la Corte Suprema de Justicia, explicó porqué el sistema vigente es ineficaz: "Lo que se hace es prohibir para subir precio. Esa suba de precio da lugar a la acumulación de más capital ilícito, lo cual permite cada vez romper más barreras institucionales. Ese es el círculo vicioso que desemboca en el llamado 'crimen organizado', que provoca mayor cantidad de muertos que los tóxicos prohibidos".
La presidenta de Inter cambios, Graciela Touzé, consideró que las políticas punitivas han producido el “aislamiento y encarcelamiento desproporcionado de usuarios de drogas y 'mulas', a la persecución y empobrecimiento de poblaciones campesinas sometidas a la erradicación forzada de cultivos sin alternativas sustentables, a la violencia social y a la violación de derechos humanos básicos".
Por parte de México, Juan Machín, integrante de la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS), tocó el tema del fracaso de la estrategia federal de combate al narcotráfico: “cuando el discurso de la guerra contra las drogas se convirtió en efectivamente una guerra, en México nos costó 13 mil muertos en 2 años y medio".
El dirigente cocalero de Bolivia, Dionicio Núñez Tangara, coordinador de Coca y Soberanía, criticó la ley de su país porque equipara al productor de coca con un narcotraficante. Expuso los pormenores del proyecto para industrializar la hoja de coca, que cuenta con reconocidas propiedades mediciales y alimenticias.
El panel “Geopolítica: La criminalización de los estados en América Latina”, analizó el perfil ideológico y económico que de la guerra contra las drogas. Ricardo Vargas, director de Acción Andina en Colombia, demostró cómo los datos presentados por la ONU sobre la efectividad del Plan Colombia se exageran al adoptar metodologías diferentes en períodos distintos. Según Naciones Unidas, en dos años los cultivos en Colombia se redujeron 28%, pero el rendimiento de una hectárea en 1990 era menor que el registrado en 2002. De esa forma, comenta Vargas, “El tema de éxito del plan Colombia justifica la estrategia represiva sobre la región... El problema del narcotráfico en Colombia y en el resto de América Latina no obedece a la ausencia de Estado sino que se relaciona más con un proceso de criminalización del Estado".
Entre los principales resolutivos, los conferencistas concluyeron que América Latina se dirige hacia la despenalización de las drogas, penas atenuadas para los consumidores y los pequeños comerciantes, así como políticas de reducción de daños y atención médica para quienes no pueden dejar sus adicciones.
Tradicionalmente nuestro continente aplicaba sin recato las estrategias estadounidenses de control de drogas. Quizá la única excepción era Canadá, que puso en práctica políticas de reducción de daños a finales de los ochentas. Tuvo que pasar un largo período de fracasos estrepitosos y ausencia de resultados positivos para que la región empezara a cuestionar el paradigma prohibicionista. Cien años después de la primera Convención de Shangai, donde se sentaron los cimientos de la actual guerra contra las drogas, los pueblos de América hacen bien en recapacitar sobre las nefastas consecuencias de un modelo tan antidemocrático como deshumanizante.
Referencias
"Latinoamérica va hacia despenalización del consumo de drogas, dicen expertos"
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hHsNqNEtPGfX_qQzywygdXuKrcDA
"Esperamos un fallo muy importante que declare la inconstitucionalidad del castigo penal al consumo de drogas"
http://www.conferenciadrogas.com/?page_id=2615</a>
“Gana consenso la propuesta de no criminalizar a los eslabones más frágiles del tráfico”
http://www.conferenciadrogas.com/?page_id=2742
* Imagenes cortesía de El Ciudadano y Télam.
** Originalmente publicado en SDP Noticias el 10 de agosto de 2009:
https://sdpnoticias.com/redaccion/columna/erich-moncada/2009/08/11/465387
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parece constructivo pero siguen en las mismas
Submitted August 13, 2009 - 10:00 am by Dennes Longoria