Los policías gringos dicen: “Legalicemos las drogas”

Law Enforcement Against Prohibition (Policías Contra la Prohibición o LEAP, por sus siglas en inglés), es una organización estadounidense fundada en 2002 por dos policías. Aglutina, en 76 países, a más de 3 mil policías, fiscales, jueces, agentes de la DEA, el FBI, funcionarios penitenciarios, militares y civiles que se oponen a la guerra contra el narcotráfico. El pasado 9 de abril publicó su informe "Legalización y la guerra contra las drogas: Cómo 2009 se convirtió en el año en que todos empezaron a discutir".

En el informe, LEAP critica duramente a la administración de Barack Obama por haber cambiado su posición, desde la campaña cuando calificaba a la lucha contra las drogas como "un rotundo fracaso", hasta que llegó al poder porque mantiene prácticamente el mismo nivel de presupuesto que dedicó el gobierno de George W. Bush para combatir al narco; dos veces más la cantidad dedicada a los programas de tratamiento y rehabilitación.

La organización ha presionado con éxito al gobierno federal, pues con motivo de una columna de opinión "Time to Legalize Drugs" publicada en el Washington Post por los voceros de LEAP y exoficiales de policía en Baltimore, Peter Moskos y Neill Franklin, , obligaron al zar antidrogas Gil Kerlikowske a rechazar tajantemente cualquier tipo de legalización, durante una conferencia de jefes de policía en octubre pasado.

Moskos y Franklin expresaron la frustración que enfrentan muchos policías a lo largo y ancho de los Estados Unidos:

"La legalización no eliminaría completamente las drogas. De hecho, la regulación sería efectiva para domar el desastre que estamos enfrentando. Si la prohibición hubiera disminuido el uso de drogas y los arrestos hubieran funcionado como una forma de disuasión, Estados Unidos no sería el líder mundial en uso de drogas ilegales y con más encarcelamientos por delitos relacionados con las drogas. La producción y la distribución de drogas son demasiado peligrosas para estar en manos de criminales sin control. La distribución debe combinarse con la responsabilidad de los médicos, el gobierno y un mercado libre legal y regulado. Este sencillo pasado eliminaría rápidamente una de las mayores amenazas violentas: la venta de drogas en las esquinas".

En 2009 LEAP se adjudicó un acuerdo por $812,000 dólares al que llegó el sargento Jonathan Wender, miembro del departamento de policía de Mountlake Terrace, en el estado de Washington, en su demanda contra el ayuntamiento y el condado de Snohomish por haberlo despedido al manifestar su opinión contra la prohibición. El sargento fue regresado a su puesto y se le restituyeron sus beneficios laborales.

En noviembre, la Drug Enforcement Administration (DEA) se negó a actualizar su página web con la posición más reciente de la American Medical Association sobre la mariguana medicinal, donde llamaba a "revisar el estado de la mariguana como una sustancia controlada de Clase 1 [sin valor médico y que representa un problema de salud pública] con el objetivo de facilitar las investigaciones clínicas y el desarrollo de medicinas que contienen canabinoides". Una semana después de la declaración, la DEA se negaba a subir la nueva información a su página. Pero una campaña de 1,200 correos electrónicos de activistas le solicitó al Procurador General, Eric Holder, que le ordenara a la DEA la modificación de los datos. La institución cedió al día siguiente. A principios de este año, otro miembro de LEAP, el oficial de policía canadiense, David Bratzer, fue invitado a dar una conferencia en un panel sobre reducción de daños en la ciudad de Victoria, pero el departamento de policía local le ordenó no hablar en el foro. LEAP movilizó a cientos de sus miembros para exigir a las autoridades la protección del derecho de los policías a expresar sus opiniones y puntos de vista sobre las drogas. LEAP ha presentado ponencias ante la Comisión Brasileña sobre Drogas y Democracia, el Parlamento australiano, el Parlamento Europeo en Bruselas, la Asamblea General de Naciones Unidas sobre VIH, la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, la Conferencia Internacional sobre Políticas de Drogas en Albuquerque, el Senado canadiense, entre otros foros políticos.

Una de las más recientes iniciativas fue lanzada este año, titulada "Policías y Clérigos", una unión entre los representantes de la fe y los trabajadores de la seguridad pública.

El valioso aporte de LEAP al debate sobre el fracaso de las políticas prohibicionistas se resume en la siguiente declaración:

"La prohibición de drogas es el principal sostén del complejo industrial penitenciario; un sistema que apoya el encarcelamiento, pagado con el dinero de los contribuyentes, como una "solución" a los problemas sociales, políticos y económicos. Cada año, millones son encarcelados dentro de los Estados Unidos, pero las drogas ilícitas son mucho más baratas y están más disponibles como nunca antes. A pesar del hecho innegable de que la prohibición de las drogas es un fracaso evidente y de que sólo ha agravado los problemas sociales asociados a las drogas, esta política destructiva continúa activa. Pero, al fin, los llamados al cambio han sido escuchados y se está construyendo un movimiento. Los votantes están listos para reformar las políticas de drogas y los legisladores están empezando a responderles".