Corporación minera canadiense recibe concesiones en territorio indígena en México

Comunidades locales rechazan las operaciones en su territorio ancestral

Las compañias mineras canadienses se encuentran en proceso de expansión de sus operaciones en México. Recientemente, el gobierno mexicano otorgó 22 concesiones mineras para la explotación de plata en el Occidente del país a la compañia First Majestic Silver, con sede en la provincia de la Columbia Británica en Canadá.

Las 22 concesiones comprenden un territorio de más de 6 mil hectáreas entre los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, las cuales son consideradas sagradas por comunidades indígenas asentadas en la región. A pesar de que la corporación canadiense en su sitio web dice que: “Nos sentimos orgullosos de ser copartícipes en apoyar e impulsar la preservación de las costumbres indígenas donde operamos, por tratarse de un importante legado histórico para nuestra nación”, la concesión minera en territorio wixárico (huichol) viola el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el  cual estipula la obligateriedad de la consulta a los pueblos indígenas y originarios sobre cualquier proyecto que afecte el lugar que habitan; en este caso dicha consulta jamás ocurrió.

Aún más, a principios de septiembre las comunidades wixárikas reunidas en consejo de ancianos determinaron rechazar cualquier proyecto minero en su territorio. Dicho proyecto se desarrollaría en el desierto de Real de Catorce, lugar en el que se encuentra el centro de peregrinaje ancestral de Wirikuta. Además de la invasión a territorio ancestral sagrado, la actividad minera afectaría a 16 comunidades, en las que habitan más de 3500 personas, por la contaminación de los manantiales de agua, entre otras cosas.

En un comunicado emitido el 23 de septiembre de este año, las comunidades afectadas se manifiestan tajantemente en contra del ingreso de la corporación minera a la región, y exigen la cancelación de las concesiones otorgadas por el gobierno mexicano. El comunicado finaliza diciendo que las comunidades wixárikas harán “uso de todos los recursos necesarios para detener este devastador proyecto minero, valiéndonos de recursos jurídicos nacionales e internacionales que están a nuestro favor así como acciones de resistencia civil y pacífica que sean necesarias.”

Para empeorar las cosas, en octubre pasado el Parlamento canadiense votó en contra del proyecto de ley C-300, el cual hubiera permitido que la población afectada por compañias mineras canadienses pudieran denunciar los abusos ante el gobierno canadiense mismo, el cual procedería de manera judicial en caso de comprobar los atropellos. La votación de la ley perdió por seis votos, convalidando el estado de indefensión en que muchas poblaciones de México y América Latina se encuentran frente a la expansión minera. Sin embargo, ante la colusión entre el gobierno mexicano y las corporaciones muchas comunidades se encuentran organizándose en la defensa de su territorio, emprendiendo movilizaciones y visibilizando la destrucción que los proyectos mineros signifcan para ellas.

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