Cuando pienso en la justicia en Bolivia, la nostalgia, el dolor, la rabia, la indignación y la impotencia surgen en mi sentir. En este trayecto recuerdo a un niño de 5 años, que le gustaba mirar como pasaban los autos desde su terraza, aunque tenga que ponerse de puntillas para hacerlo... recuerdo a un joven de 29 años, que trabajaba para ayudar a su familia y se divertía con sus hermanos los fines de semana; me recuerda a mi hermano... recuerdo cómo y dónde los conocí, seria muy feliz si los hubiese conocido en persona y vivos. Los conocí a través de la rememoración de sus familiares cuando ellos se encontraban en el cementerio velando sus restos y gritando al cielo “Justicia, carajo”; el niño se llamaba Alex Llusco Mollericona y murió con un impacto de bala en la cabeza, mientras observaba desde su terraza el convoy de cisternas con gasolina a la ciudad de La Paz; el joven se llamaba David Salinas Mallea, y recibió un impacto de bala en el abdomen, falleció desangrado en un hospital de El Alto.

En un mensaje presidencial a la nación el presidente Carlos Mesa advierte a la población boliviana que renunciara si no le dejan gobernar, no está dispuesto a ejercer violencia y a actuar como su antecesor Gonzalo Sánchez de Lozada en vista de las movilizaciones que se presentan en contra del alza de los carburantes y en busca de una nueva Ley de Hidrocarburos que recupere la propiedad de los hidrocarburos para los bolivianos.

Mesa asegura estar respaldado por el 90% de la gente que respondió afirmativamente a las preguntas del Referéndum vinculante del gas, mientras que otras fuerzas políticas, que tienen entre el 5 y 7% de respaldo popular, hoy están interesadas en colocar un “candado” a su administración gubernamental.

Después de constantes manifestaciones exigiendo castigo para los que masacraron en septiembre y octubre; el parlamento autorizo el inicio del juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el gabinete que lo acompañó en octubre del año pasado, el pueblo boliviano escribe con sangre en su historia, la madrugada de un jueves 14 de octubre del 2004 con el voto de 126 parlamentarios a favor del Si al juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada y sus colaboradores.

La Coordinadora de Defensa del Gas y los Hidrocarburos al pueblo Boliviano: "Nos encontramos en un momento de definiciones: O recuperamos la propiedad efectiva de los hidrocarburos en toda la cadena productiva a través de YPFB con una amplia participación democrática de los hombres y mujeres de nuestra patria en el manejo y distribución de la riqueza; o por el contrario, permanecemos impasibles mientras los  agentes políticos de las petroleras, presentes en el poder ejecutivo y legislativo, escamotean la voluntad popular aprobando una ley que no afecta substancialmente el andamiaje jurídico y económico de las compañías petroleras.
    ¡Nosotros! como Coordinadora del Gas, denunciamos que Carlos Meza y sus ministros junto al aparato congresal del MNR y del MIR pretenden aprobar una ley maquillada, que consolida la capacidad de las empresas extranjeras para seguir explotando bajo relaciones coloniales a los bolivianos. Las propuesta de Meza permite a las empresas seguir con el control de los precios, debilita aún más a YPFB (Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos) al dividirlo en dos, mantiene la superintendencia, se olvida de subir las regalías al 50% y para peor mantiene la clasificación de hidrocarburos existentes y nuevos".

Ya empezó la lucha en Bolivia, la gente sedienta de justicia y trabajo se organiza preparando su mente y cuerpo para demostrar al presidente Carlos Mesa la incapacidad e ineficiencia de su gestión para gobernar dignamente este país.

La agenda de octubre que los Movimientos Sociales planificaron el septiembre pasado se ha iniciado; la incertidumbre de lo que se viene estos días late en el corazón de muchos bolivianos, todo depende de la acción y la reacción que tengan los principales actores de esta batalla. Que busca por un lado: “Nacionalización de los Hidrocarburos, Ya” y por otra el “Juicio de responsabilidades y cárcel” a Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros y a los asesinos de febrero y octubre. Ambos casos en manos de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) poderes del Estado que no escuchan la voz del pueblo, porque no representan los interés de la gente sencilla y trabajadora, de la mayoría de la gente que ocupa el territorio boliviano.

A pocos días de cumplirse un año más de la movilización de octubre, cuando un presidente fue expulsado por un pueblo que exigió a gritos y con sangre “Trabajo, educación, salud, justicia, igualdad y sobre todo nacionalización del gas”, se puede percibir que este gobierno perdió la confianza y la fe de la gente que echó a Gonzalo Sánchez de Lozada, y que ahora se organiza para demostrar a este gobierno que puede correr la misma suerte.

Dirigentes sindicales, profesionales, campesinos, indígenas y representantes de diferentes sectores sociales de Bolivia reunidos el viernes 28 de mayo en la Asamblea de los Movimientos Sociales realizada en Cochabamba, determinaron por unanimidad impulsar la nacionalización de los hidrocarburos antes que participar en el referéndum planteado por el presidente Carlos Mesa.