El Plan Colombia y sus gestos de amor en el Putumayo

El pasado 3 de octubre una movilización pacífica de campesinos del municipio de Orito (Putumayo), bloqueó la vía de acceso al casco urbano de ese municipio. La razón de la protesta tiene que ver con un asunto de vieja data: las consecuencias de las fumigaciones indiscriminadas con glifosato, una de las estrategias más ingeniosas del Plan Colombia para acabar con la población rural del país, a través de  enfermedades,  daños a los cultivos de pancoger - así como al medio ambiente, en general - y el desplazamiento forzado.

Según declaraciones de los líderes de la movilización a la W Radio, las fumigaciones los están dejando en la miseria total, mientras aún siguen esperando - por parte del gobierno - la aplicación de estrategias de desarrollo alternativo, verdaderamente eficaces y concertadas. No obstante, desde antes de que el Plan Colombia entrara en vigencia, la situación del Putumayo ha sido bastante crítica, sobre todo a raíz de la explotación petrolera, que ha generado la presencia en el territorio de compañías extranjeras como la Occidental Petroleum, así como los consorcios Petrotesting Colombia y Colombia Energy, los cuales - tal y como se explica en una nota publicada recientemente por el periódico Actualidad Étnica aún operan el área del bajo Putumayo, donde, según Ecopetrol, hay  cerca de 20 pozos y la producción alcanza los 10 mil barriles.

Como era de esperarse, la presencia de estas compañías petroleras en el área que han llevado a cabo exploraciones, incluso en territorios sagrados indígenas de la región, trajo consigo el incremento de la ayuda militar estadounidense para la lucha contrainsurgente y para el pretexto que aún le da más fondos a la misma: la guerra contra las drogas, expresada en la erradicación  forzosa de cultivos ilícitos a través de fumigaciones con glifosato, cultivos ilícitos que se han convertido  en una fuente de empleo para la población rural de una de las zonas más olvidadas históricamente por el Estado colombiano.

Esa intensificación de la lucha contrainsurgente, ha traído como consecuencia la violación sistemática de los derechos humanos en el territorio, la cual se centra en acabar con las comunidades y los líderes campesinos que han cuestionado el verdadero trasfondo de esta estrategia: garantizar la protección de las compañías extranjeras que tienen sus centros de operaciones en el departamento. Esos mismos líderes campesinos entre los que se encuentran, o se encontraban, esos mismos cultivadores de coca que organizaron las grandes marchas del 94 en el Putumayo, para exigir más programas eficaces de desarrollo alternativo y menos fumigaciones con químicos venenosos en sus veredas.

Las exigencias hoy siguen siendo las mismas, pues la situación no cambia. De hecho, en  Orito - con la implementación del Plan Colombia, a través de su hija: esa ofensiva militar para retomar zonas de influencia de la guerrilla en el sur, bautizada por el gobierno Uribe como “Plan Patriota” - la situación va de mal en peor.

Nada más el mes pasado tres líderes campesinos de ese municipio fueron asesinados por el ejército, para luego ser presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Además, a pesar de las promesas del gobierno de reemplazar las fumigaciones por la erradicación manual, especialmente en zonas fronterizas, estás se han incrementado, generando fuertes oleadas de intoxicaciones entre los campesinos que habitan las áreas rurales del municipio.

Según la nota de La W, las aspersiones han afectado poblados,  tales como San José de los Pinos, Alto Amarradero, Argentina, Nueva Argentina, El Empalme. El pasado 8 de agosto,  al  Hospital Médico Sagrado Corazón de Jesús llegaron  18 habitantes del Cabildo indígena de Villanueva presentaban diarrea, vómitos, náuseas y ardor tanto ocular como cutáneo. Aseguraban haber sido víctimas de las fumigaciones.

Por supuesto, el gobierno Uribe no dio el más mínimo crédito a estos testimonios y se apresuró a  designar al Instituto Nacional de Salud (INS) para que conformara una comisión de investigación en la zona, que comprobara qué tan veraces eran las afirmaciones de los campesinos. EL INS entonces conformó la comisión, que con la ayuda de  las autoridades del Putumayo  y la Policía, concluyó “científicamente”, que la sintomatología presentada por los pacientes no había sido causada por las fumigaciones. Hasta ahí, todo bien. Nuevamente las comunidades, manifestando un   inconformismo - avivado por grupos armados y narcotraficantes, como habría dicho hace poco el  Comandante de la Policía de Putumayo Coronel Harold Martín Lara - habían fallado en su intento por enlodar la imagen de la guerra antidrogas.

Pero lo que nadie dijo en ese momento fue que el gobierno de Estados Unidos, tenía su propia cuota en este neutral equipo de investigadores, tal y como lo mencionó la analista internacional Laura Gil, en su columna de El Tiempo publicada el 13 de septiembre del 2007-, donde aborda con más profundidad este caso:

Existen elementos para pensar que el gobierno de Estados Unidos participó de forma directa en esta investigación. El Informe preliminar No. 3 está firmado por tres médicos, uno de los cuales, Jorge Hernán Botero Tobón, figura como asesor externo del INS. Pero, en el acta 08-07, levantada por la Policía Antinarcóticos, el doctor Botero es identificado como médico toxicológico de la Sección Antinarcóticos (NAS) de la Embajada de Estados Unidos. 


¿Qué hace un funcionario pagado por el gobierno de Estados Unidos participando en una investigación de campo del INS? ¿Por qué firma un documento del INS sin identificarse como tal?
 Peor aún, el informe del INS señala que se tomaron muestras de agua que fueron entregadas al Laboratorio Químico de Monitoreo Ambiental de Bogotá, una entidad privada. En el reporte de este laboratorio, fechado 27 de agosto, queda claro que fue la Embajada de Estados Unidos que entregó las muestras, solicitó el examen y canceló los costos.

Pero  pese a estos cuestionamientos, para el gobierno colombiano los campesinos del Putumayo siguen siendo unos mentirosos que no ven los buenos gestos de voluntad que se han tenido con ellos, tales como la reparación de los daños que les han causado las fumigaciones, una medida que se ejemplifica con beneficios como el que recibió  un campesino putumayense, citado en un artículo publicado por la Red Voltaire en el 2005:

Un día de julio, cinco helicópteros sobrevolaron su finca, “Yo pensé, volvieron a fumigar otra vez”, dijo Lucía la esposa de Castillo. En cambio, los helicópteros aterrizaron y un grupo de soldados rodearon la finca. Varios oficiales del gobierno colombiano y estadounidenses bajaron y se acercaron, diciendo que ellos estaban allí para verificar los daños que Castillo había denunciado y que ellos solo contaban con 20 minutos en tierra, debido a lo peligroso de la zona en conflicto.

Días después le ofrecieron 5 millones de pesos en compensación. Le dijeron que solo se habían podido verificar los daños de la tercera fumigación (en mayo del 2003). Cuando preguntó si podría apelar la decisión, solicitando los 60 millones de pesos calculados en pérdidas, le advirtieron que tendría que esperar cinco años para su apelación y que “el proceso podría volverse contra usted”. Los oficiales no le explicaron que significaba esto último. ‘No teniendo educación’ dijo Castillo durante una conversación “usted no sabe como defenderse, se asusta y termina aceptando lo que le ofrecen”.

Supuestamente los promotores del Plan Colombia no hacen más que velar por su bienestar de los campesinos del Putumayo. No obstante, en la Asamblea Departamental de Organizaciones Sociales de ese departamento que tuvo lugar el año pasado, se supo que la  antigua planta “Concentrados del Putumayo” del municipio de Orito (que formaba parte de un plan desarrollo alternativo impulsado por el gobierno en ese municipio) ahora sólo sirve como salón de clases para capacitar a las personas inscritas en el programa de  familias guardabosques (la estrategia bandera de desarrollo alternativo, promovida por el gobierno colombiano, que busca entregar a una familia campesina el cuidado de una zona específica para que la mantenga libre de cultivos ilícitos), debido a que  los insectos y el óxido dejaron inhabilitadas las maquinas de procesamiento.

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