The Popular Assembly lodges legal denunciation of Governor Ruiz

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.

Con fundamento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en su artículo 1º, 8º, 39, 74  fracción V, 76 fracción V, VI y VII, artículo 110 párrafo segundo, así como a los estipulado en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 10º, los suscritos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña, debidamente registrados y acreditada nuestra personalidad jurídica, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la presente Denuncia Formal de Juicio Político y Revocación de Mandato al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, C. Ulises Ernesto Ruiz Ortiz.

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

1.1. Antecedentes.

Las elecciones estatales del 1 de agosto de 2004 abrieron una complicada coyuntura política en Oaxaca y conformaron un ciclo de represión política que aún no se cierra. El triunfo del candidato de la Nueva Fuerza Ciudadana y del Partido Revolucionario Institucional, Ulises Ruiz Ortiz, fue impugnado por la coalición opositora “Todos Somos Oaxaca” argumentando fraude en la contienda electoral. Esta elección se dirimió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 17 de noviembre de 2004. En sesión plenaria el Tribunal Electoral declaró la validez de la elección a favor del Gobernador Electo Ulises Ruiz Ortiz (Juicio de Revisión Constitucional Electoral Expediente SUP-JRC-205/2004).

El triunfo del PRI a la gubernatura y la mayoría de las diputaciones locales, inauguraron un proceso ciudadano de movilización y denuncia al fraude electoral. Por otro lado, las elecciones municipales de octubre de ése mismo año 2004, tanto por la vía de los partidos políticos como de los usos y costumbres, instalaron un escenario inédito consistente en una cerrada lucha por los poderes locales. Este proceso electoral de 2004 pasará a la historia como uno de los procesos más violentos en la tradición política de Oaxaca. Si es que, efectivamente, las elecciones en Oaxaca “se califican por el número de muertos que arrojan”, estos comicios no pasaron la prueba, ya que en sólo dos meses se registraron 4 asesinatos políticos: Guadalupe Ávila Salinas (San José Estancia Grande), Serafín García Martínez (Huautla de Jiménez), Lino Antonio (San Agustín Loxicha) y Enrique Martínez (San José Tenango). (Reporte del Colectivo por la Democracia, Oaxaca 6 de Octubre de 2004).

Desde el inicio de la actual administración estatal encabezada por Ulises Ruiz Ortiz, se suscitaron graves violaciones a la Constitución Política, en el apartado de garantías individuales, que llamaron la atención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así es como en el periodo comprendido de enero a julio de 2005, el gobierno de Oaxaca recibió recomendaciones y observaciones de: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Departamento de Estado Norteamericano, la Agencia Central de Inteligencia, Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Alemania, y a nivel nacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). (Documento Presentado a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte del Colectivo por la Democracia de Oaxaca el 22 de Julio de 2005).

Solamente en el año de 2005 la CNDH emitió tres recomendaciones al Gobierno del Estado de Oaxaca, por los siguientes motivos: a) Por violar el derecho a la libertad de expresión y el derecho colectivo de la sociedad a recibir información, en agravio de los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Leopoldo Mendivil, Recomendación 04/2005 del 18 de Marzo de 2005, b) Por violar la seguridad jurídica y retención ilegal en la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, en perjuicio de Jaquelina López Almazán, Samuel Hernández Morales, Carlos Cruz Mozo y Gilberto Canseco Carmona, Recomendación 08/2005 del 19 de Abril de 2005, c) Por la violación a los derechos de libertad de expresión e información, en agravio del Periódico Noticias, Recomendación 013/2005 del 10 de Junio de 2005 (VI Informe de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, Oaxaca, México 2005)

Actualmente la situación de los derechos humanos que impera en el Estado de Oaxaca, constituye un escenario emblemático en el acontecer nacional, ya que en esta entidad persiste un clima de violaciones flagrantes y sistemáticas a los derechos humanos. Esta situación ha llegado a extremos de alta gravedad y se perfila de manera delicada a condiciones que colocan en serio riesgo la convivencia pacífica, el estado de derecho, la gobernabilidad y el orden institucional en Oaxaca.

En este ambiente político un elemento que ahonda esta severa crisis es la función que desempeñan los órganos de gobierno en el estado –Congreso Local, Secretaría General de Gobierno, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Protección Ciudadana, Dirección de Seguridad Pública–, ya que son precisamente éstos quienes contribuyen al quebrantamiento del orden legal, a la violación de las garantías constitucionales, al deterioro de las instituciones y a la degradación de los derechos humanos fundamentales. Sin duda alguna Oaxaca atraviesa por un proceso de retroceso político y presenta aspectos propios de los regímenes autoritarios.

1.2. Violaciones a los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales.

Un recuento somero y perentorio de las violaciones a los derechos humanos y de las situaciones que pudieran constituir agravantes a las garantías constitucionales de nuestro estado, cometidas por el Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y ocurridas de noviembre 2004 a junio de 2006, se resumen de la siguiente manera:

1.2.1. Violación a las Garantías de Seguridad Jurídica.

Detención ilegal de líderes sociales y políticos. El número de presos políticos de este gobierno es aún incalculable, por mencionar algunos de ellos: de la organización Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO) en los desalojos del 22 de diciembre de 2004 detuvieron a 23 personas; de la organización Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA), a raíz del conflicto en el municipio de Santiago Xanica en Enero de 2005, fueron detenidas 7 personas; por el Movimiento Ciudadano Juquileño, en el violento desalojo del palacio municipal el 27 de Abril de 2005, fueron detenidas 69 personas; del municipio de San Juan Lalana, quienes realizaron una marcha caravana a la ciudad de Oaxaca el 7 de febrero de 2005, demandando respeto a sus derechos políticos, se detuvo a 19 personas; del Frente Popular Revolucionario detuvieron a 5 personas; del Frente Único Huautleco y del municipio de Mazatlán Villa de Flores detuvieron a 1 persona respectivamente. Todas estas detenciones están relacionadas a motivos políticos o movimientos de resistencia. Por ello es que se afirma que el Gobierno de Ulises Ruiz llenó las cárceles de presos políticos en sus primeros seis meses de gobierno. (VI Informe de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, Oaxaca, México 2005).

1.2.2. Violación el Derecho de Libertad de Expresión y el Derecho Colectivo de la Sociedad a ser Informada.

Ataque a la Libertad de Expresión. El asalto a las bodegas de papel y tinta del Periódico “Noticias” el 30 de noviembre de 2004, un día antes de la toma de posesión de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador, así como el secuestro de 31 trabajadores y la irrupción violenta a las instalaciones de este diario bajo el pretexto de una huelga implementada por personas ajenas a la empresa el 17 de Julio de 2005, seguido del acoso de la Policía Estatal a los voceadores independientes por distribuir este periódico, constituye una de las más fuertes afrentas a la libertad de expresión que se hayan suscitado en el estado. Con estas acciones el gobierno del estado vulneró la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. (Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación 013/2005. 10 de Junio de 2005)

1.2.3. Violación a los Derechos Políticos y de Libre Elección.

Derechos Políticos y de Libre Elección. Así también en lo que va del sexenio se han constituido cinco ayuntamientos populares en los municipios del estado, ya que al no respetarse su derecho a la libre elección estos municipios no han tenido más salida que constituir a sus propias autoridades al margen de las instituciones del estado. Estos ayuntamientos son: Jalapa del Marqués, San Blas Atempa, Santa Catarina Juquila, San Juan Lalana y Mazatlán Villa de Flores. En estos ayuntamientos se han suscitado violentos desalojos y acciones de fuerza por parte del Estado. La interpretación que se ha hecho de estos acontecimientos es la siguiente: a) Ante una incapacidad de diálogo y de operación política, el gobierno ha optado por brindar una salida policíaca, antes que política a los conflictos municipales, b) Los movimientos locales están decididos a enfrentar sin miedo a los cacicazgos regionales, c) La descomposición interna del PRI y el rompimiento de reglas de funcionarios regionales y diputados locales esta generando un deterioro de la convivencia política en un alto número de municipios oaxaqueños. (Análisis de Coyuntura Política, Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA. Febrero de 2005).

1.2.4. Violación a los Derechos Territoriales.

Conflictos Agrarios y Territoriales. Es de sobra conocido que en el estado de Oaxaca persiste un alto número de conflictos agrarios. Desde hace unos años se ha establecido una cifra  histórica de 600 conflictos territoriales y de ellos el 10 % han sido considerados de alta intensidad. Sin embargo en lo que va de la presente administración los conflictos de territorio han derivado en enfrentamientos y emboscadas en las regiones sierra sur, mixteca, costa y papaloapan; hasta el momento se cuenta en estas zonas con al menos siete muertos, siete heridos, 60 familias desalojadas y cinco casas incendiadas. En este contexto es importante mencionar el conflicto surgido entre las comunidades de Santa Cruz Nundaco y San Isidro Vista Hermosa en el año 2005. Este conflicto arrojó tres heridos y 38 retenidos, entre ellos 16 niños. Más que encontrar visos de solución, los problemas agrarios durante la presente administración se han agudizado y en algunos casos han rebasado la capacidad de intermediación del gobierno. (Informe del Relator Especial sobre la Situación de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México 2004)

1.2.5. Violación al Derecho de Libertad de Culto.

Ataques a la libertad de culto. En tan sólo los primeros doscientos días de gobierno se han perpetrado 14 asaltos a templos católicos, con el consecuente robo de arte sacro, además a esto se suma la profanación a la Catedral Metropolitana. Lo más grave de estos ataques representa el asalto al Santuario de Santa Catarina Juquila y el secuestro del Padre Alberto Pacheco a manos de desconocidos. Todas estas situaciones constituyen hechos de suma y notoria gravedad, pues no hay que olvidar que aún existe por aclarar el crimen del Padre Mauro Andrés Carreño acontecido en el año de 1998. (Reporte de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, Julio 2005).

1.2.6. Violación a los Derechos de las Niñas y a los Derechos de las Mujeres.

Crímenes contra niñas y mujeres. Según datos del INEGI entre 1999 y 2003 sucedieron 351 homicidios de niñas y mujeres en el estado de Oaxaca; la prensa local entre 1999-2005 registró 267, y la Procuraduría General de Justicia del estado, informó que hubo 52 asesinatos entre enero de 2004 y junio de 2005, así como 26 violaciones tumultuarias en el último año y medio. La investigación del Congreso Federal a 10 entidades del país confirma que en Oaxaca existe Feminicidio.  Aunque los datos hablan por sí solos de la gravedad del problema, la  administración de Ulises Ruiz, no ha tenido una actuación eficaz ni ha destinado los recursos necesarios para atender este fenómeno que afecta a toda la sociedad. Mientras el gobernador del estado asegura tener un compromiso con los derechos humanos de las mujeres, en la práctica impera la ineficiencia, la falta de sensibilidad y la negligencia por parte de las instancias de gobierno encargadas del tema. (Archivo Colectivo Huaxyacac, Red de Organizaciones Civiles que trabajan temas de Género y Mujeres  Oaxaca 2005)

1.2.7. Violación a Acuerdos Internacionales en Materia de Derechos Humanos.

Vulnerabilidad de Instituciones Públicas de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, atraviesa por una situación de falta de credibilidad; el nombramiento de su titular, Jaime Mario Pérez Jiménez, colocó en entredicho la voluntad del gobierno estatal de contribuir en la consolidación de instituciones realmente autónomas de derechos humanos en el estado. El Presidente de la Comisión Estatal está identificado plenamente con el actual grupo en el poder, se desempeñó como asesor jurídico del Gobernador Ulises Ruiz Ortiz cuando éste andaba en campaña, además ha realizado un papel muy cuestionable en cuanto a la defensa de los derechos humanos se refiere. Los organismo civiles de derechos humanos, han roto relaciones institucionales con dicha Comisión. La CEDH ha sido señalada de asomar como una institución decorativa, y cuyo rol ha quedado subordinado a los intereses del gobierno en turno. Ha sido pavoroso su silencio y su falta de actuación en relación a acontecimientos que han sacudido a la sociedad oaxaqueña y que han conmocionado la conciencia nacional: masacres de campesinos, encarcelamiento de presos indígenas, violencia contra las mujeres, persecución a líderes sociales, inestabilidad política e ingobernabilidad, sólo por mencionar algunos sucesos. Es importante señalar que con este nombramiento, el gobierno del estado violó una serie de convenios y tratados internacionales y pasó por alto acuerdos internos en materia de organismos públicos defensores de derechos humanos. (Perfil del Ombudsman, “Para Todos los Derechos del Pueblo, Un Verdadero Defensor”, Colectivo por la Democracia, Oaxaca 2005)

1.3. La Represión al Movimiento Magisterial.

Desde hace más de 25 años el movimiento magisterial en Oaxaca, año con año ha presentado  reivindicaciones laborales puntuales. El 15 de mayo del 2006,  70,000 maestros se movilizaron demandando la rezonificación  de sus salarios en Oaxaca, por el incremento en el costo de vida en el Estado.  Desde el primer momento plantearon aportar ellos 600 millones de pesos para lograr alcanzar los 1,400 millones que se necesitaban (Noticias 16 de mayo 2006).  Enrique Rueda Pacheco, líder del magisterio estaba  en la mejor disposición de encontrar una solución negociada. Pero, según el dirigente magisterial, el gobierno había iniciado una campaña contra los maestros a través de spots de radio y televisión presentados por una Asociación Estatal  de Padres de Familia, tratando de crear una corriente de opinión adversa al movimiento magisterial. Según declaraciones del dirigente a la prensa el 15 de mayo esto se hacia para crear una corriente de opinión y luego utilizar “la política del garrote”. (Noticias 16 de mayo 2006).

Al no haber negociación, ni voluntad de dialogar por parte del gobierno el 22 de mayo el magisterio decidió iniciar un plantón en 50 calles del centro de la ciudad de Oaxaca. El plantón se inició el 23 de mayo y se dijo que se quería dialogar directamente con el Gobernador del Estado.  Por otra parte, el presidente de la Coparmex  José Escobar Gómez, pidió al gobierno y a los maestros “que inicien un diálogo y lo traten de hacer lo más pronto posible, ya que las pérdidas en sólo dos días de plantón son cuantiosas” (Noticias 24 de mayo 2006).  Ulises Ruiz Ortiz  hizo caso omiso de estas solicitudes arguyendo que el gobierno había planteado lo que se podía dar y nada más y practicó una política de oídos sordos. En lugar del diálogo inició una campaña de adhesión a su política y contra los maestros convocando a los presidentes municipales, presionándolos para que  se manifestaran contra los maestros.  23 días después el gobierno no sólo no dialogó sino que utilizó lo que había pronosticado el líder sindical,” la política del gran garrote”.

En un intento  por desalojar a los maestros en plantón, a las 4.30 horas de la mañana del 14 de junio la policía cercó a los maestros y los empujó para que desalojaran la ciudad, invadió las instalaciones del sindicado de maestros, destrozó las instalaciones de “Radio Plantón”  quemó las pertenencias de los maestros  y desde un helicóptero de la Dirección de Seguridad Pública del Estado la policía utilizó gases lacrimógenos, gases paralizantes y gas pimienta. Estos artefactos no sólo cayeron en las calles del centro histórico sino en las casas y edificios públicos como el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, dónde se recogieron 6 casquillos de estas “bombas aturdidoras”.  Estas bombas de gases afectaron a los maestros, maestras, niños, niñas, personas que viven en el centro histórico y a los mismos policías.

En esta acción represiva impulsada por el Gobierno del Estado participaron las siguientes corporaciones policíacas: Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE), la Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT), la Policía Preventiva del Estado, el Grupo de Operaciones Especiales del Ayuntamiento de Oaxaca (GOE) y Policías Municipales. Esta acción también tuvo el apoyo del helicóptero matricula XAUCJ, además de armas de grueso calibre R1-5, bombas y granadas de gas lacrimógeno y gas pimienta. (Postura de los Organismos de Derechos Humanos de Oaxaca ante las Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante el desalojo del 14 de Junio de 2005)

La Cruz Roja atendió a 192 personas mismas que canalizó posteriormente a diversos hospitales. En el Hospital del ISSSTE fueron internadas 19 personas. En el Hospital del IMSS fueron atendidas 34 personas. Así también cientos de personas fueron atendidas por médicos voluntarios, estudiantes de medicina y trabajadores de base de la Sección XXXV del Seguro Social, quienes presentaron diversas afectaciones como: descalabros, quemaduras, lesiones, presión alta, ansiedad y miedo, así mismo se atendió a menores lastimados.

El operativo policiaco implementado por el Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, fue un gran fracaso con altos costos sociales para la población civil. Esta acción sólo mostró la incapacidad de gobernar y poder conducir los destinos de Oaxaca de forma armoniosa. La respuesta del gobierno ante estas acciones fue decir: “en Oaxaca no pasa nada”, coherente con su forma de ejercer el poder; una política de repetir mentiras y ocultar verdades.

2. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

Este recuento de las cifras y la información de la gravedad de las condiciones por las que atraviesa el estado de Oaxaca, nos señala claramente una crisis política y constituye una cadena de inestabilidad social que está quebrantando la gobernabilidad en el estado. En Oaxaca existe un evidente deterioro de las relaciones políticas y tiende a ahondarse la problemática social, esto debido a la nula división de poderes, la aplicación parcial de la ley, la persecución de dirigentes sociales y la apatía del gobierno ante conflictos de diversa índole. Todo esto tiende a fragmentar la convivencia social y a quebrantar la paz en el estado.

El Gobierno del Estado, desde el inicio de su mandato, y a través de sus acciones y políticas de gobierno ha violentado las siguientes disposiciones legales nacionales e internacionales respectivamente: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Particular de Oaxaca, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las Leyes de la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Todas las Formas de Violencia Contra las Mujeres (Convención Belém Do Pará) y los Principios Relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Principios de París).

El Gobernador del Estado de Oaxaca ha incurrido en actos u omisiones que redundan en perjuicio del interés público, algunas de estas causales son: la afrenta a las instituciones democráticas del estado y la federación; el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal; las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales; la infracción grave a las leyes federales y a la Constitución; la usurpación de atribuciones y el abuso de autoridad; el ataque a la libertad del sufragio.

Por todo lo anterior, consideramos que es procedente iniciar la tramitación de Juicio Político del Gobernador del Estado de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, ya que a través de sus actos de gobierno ha cometido violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. De acuerdo a la Constitución General en su artículo 110 establece que “podrán ser sujetos de juicio político ... los Gobernadores de los Estados ...”. Así también señala que “la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores ... Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante la resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión...”

3. LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA DEMANDA JUICIO POLÍTICO.

En Oaxaca, es de suma notoriedad que, se ha interrumpido el orden constitucional y se ha violentado la legalidad y el estado de derecho. Frente a todo esto consideramos que es urgente la intervención del Gobierno Federal a través del Congreso de la Unión –Cámara de Diputados como órgano acusatorio y Cámara de Senadores como jurado de sentencia– para que de acuerdo a sus atribuciones y competencias, restituya el orden constitucional violentado en el estado de Oaxaca.

Por lo que con fundamento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en su artículo 1º, 8º, 39, 74  fracción V, 76 fracción V, VI y VII, artículo 110 párrafo segundo, así como a lo estipulado en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 10º, solicitamos el inicio de un procedimiento de Juicio Político al Ejecutivo Estatal y por consiguiente la destitución del cargo del Gobernador de Oaxaca Ulises Ernesto Ruiz Ortiz.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 20 de Junio de 2006.

A T E N T A M E N T E

Ana María Hernández Cárdenas
Miguel Ángel Vásquez de la Rosa
Margarita Dalton Palomo
Mario Hernández Martínez
Juan Carlos Martínez

SOCIEDAD CIVIL OAXAQUEÑA

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC (Oaxaca), Colectivo Nueva Babel AC, Centro para los Derechos de la Mujer Ñääxuiin AC, Grupo de Apoyo a la Educación de la Mujer GAEM, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos AC, Comité Civil de Resistencia Civil San Blasena Zapoteca, Universidad de la Tierra en Oaxaca AC, Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales AC, UCIZONI AC, UNOSJO SC, Fundación Comunalidad AC, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño CAMPO AC, Organización de Agricultores Biológicos ORAB AC, Centrarte AC, Sinergia para el Desarrollo Integral Sustentable AC, Ojo de Agua Comunicación, PROCAO AC, Centro Anhata, Ixcaxochitl AC, Orgánica San Agustín, Espiral por la Vida AC, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña IDEMO AC, Foro Oaxaqueño de la Niñez, Centro de Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca CANICA AC, Grupo Mesófilo AC, Centro de Estudios de la Mujer y la Familia AC, Nueve Lunas SC, Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos AC, Centro de Atención y Formación Humanista AC, Alternativas para la Equidad y la Diversidad AC, Habitantes del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, Pueblo Jaguar AC, Comité de Vigilancia Ciudadana, La Ventana AC, Binigulazaa AC, Promotora de Servicios para el Desarrollo PRODER SC, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto AC, Capacitación y Planeación Comunitaria AC,  Observatorio por los Derechos Humanos y la Democracia, Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco AC, Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, Semilla del Sur, Codice AC, Chamixezacui AC, Niño a Niño México AC, Colonias Unidas de Oaxaca AC, Asociación de Educación e Integración del Niño Dawn Oaxaqueño, Escuincles Traviesos AC, Yeni Navan SPR de RL, Vecinos del Fraccionamiento Casa del Sol, Red de Cafeticultores 5 de diciembre AC, Sociedad de Producción Rural La Esperanza de RL,  Sociedad Cooperativa Oganización de Mujeres Eloxochitecas, Margarita Magón de R. L., Consejo Central Indígena de Eloxochitlán, Unión de Comunidades Campesinas Marginadas AC, SPR de Apicultores de Eloxochitlán de RL, Lina Herrera, Nallely Moreno Moncayo, Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, INSO SC, Servicios para una Educación Alternativa EDUCA AC, Centro de Derechos Humanos Ñu’uji Kandí AC, Tequio Jurídico AC, Eccos AC; Enlace, Comunicación y Capacitación Oaxaca, AC; Taller de Desarrollo Comunitario AC, Xochipilli AC, DECA Equipo Pueblo AC, Tendiendo Puentes AC; Taller Bambú de Litografía y Grabado, Clínica del Pueblo Ana Seethaler, Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl AC, Cooperativa de Mujeres TEJA TREIG, AC, Centro de Formación AC, Asamblea Comunitaria Indígena Mazateca y Nahuatl.

HONORABLE CONGRESS OF THE UNION

Based on what is available in the Political Constitution of the United States of Mexico in articles 1, 8, 39, 74 section V, 76 section V, VI and VII, article 110 second paragraph, as well as what is stipulated in the Federal Law of Administrative Responsibilities of Public Servants, articles 5, 6, 7, 8 and 10, and in virtue  of the fact that in Oaxaca constitutional order has been disrupted and legality and state of law violated, the undersigned, members of Oaxacan civil society organizations, submit for consideration to this Honorable Legislative Assembly the present Formal Application for the Impeachment and Revocation of the Mandate of C. Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, Constitutional Governor of the Free and Sovereign State of Oaxaca.

1.EXPOSITION OF MOTIVES

1.1    Background

State elections of August 1, 2004 opened up a complicated political situation in Oaxaca and have shaped a cycle of political repression that still has yet to end. The victory of the candidate from the New Citizens’ Force of the Revolutionary Institutional Party (PRI), Ulises Ruiz Ortiz, was challenged by the opposition coalition We All Are Oaxaca which argued that there was fraud in the electoral contest. This election was settled in the Electoral Tribunal of Judicial Power of the Federation the 17th of November of 2004.  During plenary session, the Electoral Tribunal declared valid the election in favor of the elected Governor Ulises Ruiz Ortiz (Juicio de Revisión Constitucional Electoral Expediente SUP-JRC-205/2004). ANEX 1

The victory of the PRI to government and the majority of the local councils inaugurated a process of citizen mobilization and denouncement of electoral fraud.  Meanwhile, the municipal elections of October of that same year, 2004, as much through the channels of the political parties as through “usos y costumbres”, installed an unpublicized scenario consisting of a close struggle for the local powers. This electoral process of 2004 will go down in history as one of the most violent processes in the political tradition of Oaxaca.  If it is that, in fact, elections in Oaxaca “are judged by the number of deaths that they bring” these elections do not pass the test, given that within only two months 5 political assassinations were recorded: Guadalupe Avila Salinas (San José Estancia Grande), Serafín García Martínez (Huautla de Jiménez), Lino Antonio (San Agustín Loxicha), Faustino Acevedo Bailón (San Blas Atempa) and Enrique Martínez (San José Tenango). (Reporte del Colectivo por la Democracia, Oaxaca 6 October, 2004). ANEX 2

From the beginning of the current state administration headed by Ulises Ruiz Ortiz, there were grave violations of the Political Constitution, of the section of individual guarantees, that caught the attention of national and international human rights’ bodies. During the period between January and July of 2005, the government of Oaxaca received warnings and observations from: the Inter-American Commission on Human Rights, the High Commissioner of Human Rights of the United Nations, the North American State Department, the Central Intelligence Agency, Amnesty International, the Inter-American Press Association, the Ecumenical Office for Peace and Justice of Germany, and at the national level, the National Commission for Human Rights (CNDH). (El Cambio Inconcluso. Avances y Desaciertos en Materia de Derechos Humanos Durante el Gobierno de Fox. Informe Human Rights Watch, 2006). ANEX 3

In the year 2005 alone the CNDH sent out three warnings to the Government of the State of Oaxaca, for the following reasons: a) For violation of the freedom of expression and society’s collective right to receive information, committed against the journalists Jorge Fernández Menéndez, Leopoldo Mendivil, warning 04/2005 on 18 March, 2005. b) For violation the of legal securities in the illegal detention by the Oaxaca Procurator of Justice's Office, committed against Jaquelina Lópes Almazán, Samuel Hernández Morales, Carlos Cruz Mozo Y Giloberto Canseco Carmona, warning 08/2005 on 19 April 2005 c) For violation of the right to freedom of expression and information, committed against the newspaper Noticias, warning 013/2005 on 10 June 2005 (VI Informe de la Red Oaxaquña de Derechos Humanos, Oaxaca, México) ANEX 4

The human rights’ situation that currently prevails in the State of Oaxaca is symptomatic of the national situation, given that a climate of flagrant and systematic violations of human rights persists in this entity. This situation has reached a level of utmost gravity and is evolving towards a set of circumstances that put to serious risk Oaxaca 's peaceful coexistence, governance and institutional order.

In this political environment, the functions of the governmental bodies of the state – the Local Congress, the General Secretary of Government, the State Procurator of Justice’s Office, the Secretary of Citizen Protection, the Office of Public Security—serve to deepen this grave crisis. It is precisely these bodies that contribute to the breakdown of the legal order , the violations of constitutional guarantees, the detoriaration of institutions , and the degradation of fundamental human rights. Without doubt Oaxaca is going through a process of political recession, to the point of showing signs of authoritarianism.

1.2 Violations of Human Rights and Constitutional Guarantees

A brief but necessary count of the human rights’ violations and of the situations that could constitute infringements of the constitutional guarantees of this state, carried out by the Government of Ulises Ruiz Ortiz between December of 2004 and June of 2006, can be resumed as follows:

Illegal detention of social and political leaders. Although the number of political prisoners of the state government is to date unknown, it is worth mentioning a few of them: of the organization Consejo Indigena Popular de Oaxaca (CIPO), 23 people were detained in the forced evacuation of the 22nd of December of 2004; of the organization Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA), which is at the root of the conflict in the municipality of Santiago Xanica, 7 people were detained; of the Juquileño Citizens’ Movement, in the violent evacuation of the municipal palace, 69 people were detained; of the municipality of San Juan Lalana, in which the people initiated a caravan march to the City of Oaxaca demanding respect for their political rights, 19 people were detained; of the Popular Revolutionary Front 5 people were detained; from both the Frente Unico Huautleco and from the municipality of Mazatlan Villa de Flores, 1 person was detained. All of these arrests were made for political motives or against resistance movements, affirming the fact that Ulises Ruiz’s government has filled the prisons with political prisoners in his first six months of government. (VI Informe de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, Oaxaca, Mexico 2005). ANEXO 5

Other violent events in this period include the following: In the municipality of Maztlán Villa de Flores Ángel Ortega Prieto and Pedro Carrera were assassinated, also due to motives of a political nature. In San Blas Atempa, during the violent eviction of the Popular Council during the month of March of the year 2006, 10 persons were detained and 94 orders of apprehension are still to be executed. As a result of the failed forced evacuation of the teachers from the historical center of the City of Oaxaca the 14th of June of 2006, 14 oaxacan teachers were detained. There exist 10 criminal charges relating to the abuse of authority, robbery, damages, and injuries that have been brought to the Special Attorney of Teacher Issues. Similarly, during this same period political crimes were committed against César Toimil Roberts, the Municipal President of Ixtepec City, Oaxaca.

1.2.2 Violation of the Right to Freedom of Expression and Society’s Collective Right to Information  

Attack on Liberty of Expression. The assault on the printing presses of the newspaper “Noticias” on November 30, 2004, one day before Ulises Ruiz Ortiz took over the office of governor, and the July 17, 2005 kidnapping of 31 workers following the violent eruption upon the buildings of that very newspaper, under the pretext of a strike implemented by people outside of the business, followed by the harassment by the State Police of independent sellers for distributing the newspaper, constitutes one of the strongest offenses to freedom of expression that has occurred in this state. With such actions the government of the state infringes the Political Constitution of the United States of Mexico, the American Convention on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the Declaration of Principles on Freedom of Expression. (Comisión Nacional de Derechos Humanos, warning 013/2005. June 10, 2005). ANEX 6

1.2.3 Violation of Political Rights and the Right to Free Election

Political Rights and the Right to Free Election. In addition to the official city councils voted in by the elections of 2004, 5 popular city councils have been created in municipalities of the state, since due to the violations of their right to a free election these municipalities have had no other option than to set up their own authorities on the margin of the state institutions. These city councils are in: Jalapa del Marqués, San Blas Atempa, Santa Catarina Juquila, San Juan Lalana and Mazatlán Villa de Flores. In these city councils violent evacuations have occurred as well as other actions of force on the part of the State. The interpretation that has been made of these events is as follows: a) Lacking a capacity for dialogue and political operation, the government has opted to offer repressive responses rather than political ones to the municipal conflicts, b) the local movements are set on affronting the regional cacicazgos without fear c) the internal disintegration of the PRI and the violation of rules by regional officers and local representatives is generating a deterioration of the political life in a high number of Oaxaca municipalities. (Análisis de Coyuntura Politica, Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA. February 2005.) ANEXO 7

1.2.4 Violation of Territorial Rights

Agrarian Conflicts and Territorial Rights. It is well known that in the state of Oaxaca a high number of agrarian conflicts continue to persist. A few years ago a historical number of 600 territorial conflicts was reached, 10% of which have been considered of high intensity. Nevertheless, during the present administration, territorial conflicts have stemmed from confrontations and ambushes in the regions of Sierra Sur, Mixteca, Costa y Papaloapan; up to the present time there have been at least seven deaths, seven wounded, 60 displaced families and five houses lit on fire in these zones. Within this context it is important to mention the conflict that arose between the communities of Santa Cruz Nundaco y San Isidro Vista Hermosa in 2005. This situation has resulted in 3 injured and 38 detained, among them 16 children. Despite the appearance of having reached a solution, the agrarian problems have intensified during the current administration and in some cases have surpassed the point where the government could have the capacity to act as an intermediary.

1.2.5 Violation of the Right to Freedom of Religion

Attacks on the Right to Freedom of Religion. In only the first two hundred days of government there have been 14 assaults on Catholic temples, involving the robbery of sacred art, including the recent desecration of the Metropolitan Cathedral. The most serious of these attacks was the assault on the Sanctuary of Santa Catarina Juquila and the kidnapping of Father Alberto Pacheco, at the hands of unknown culprits. All of these situations constitute events of utmost seriousness, lest we forget that the crime of Father Mauro Andrés Carreño, which occurred in 1998, has yet to be resolved.

1.2.6  Violations of the Rights of Women

Crimes Against Girls and Women. According to data from the INEGI between 1999 and 2003, 351 homicides of girls and women occurred in the state of Oaxaca; the local press reports 267 homicides between 1999-2005 and the Procurator-General of Justice’s Office reports 52 assassinations between January 2004 and June 2005, along with 26 violations in the last year and a half. An investigation by the Federal Congress of 10 entities of the state confirms that feminicide exists in Oaxaca. Though the numbers themselves clearly illustrate the seriousness of the problem, the administration of Ulises Ruiz has neither taken effective action nor allocated the resources necessary to attend to this phenomenon that affects the entire society. While the governor of the state assures he is committed to protecting the human rights of women, in reality, inefficiency, lack of sensitivity, and negligence dominate within the bodies of government in charge of the issue. (Archivo Colectivo Huaxyacac, Network of civil organizations that work with gender and women issues Oaxaca 2005).

1.2.7 Violation of International Agreements on Human Rights Issues

Vulnerability of Public Institutions of Human Rights: The State Commission on Human Rights (CEDH) of Oaxaca currently lacks credibility; The naming of its head, Jaime Mario Pérez Jiménez, placed in doubt the government’s commitment to supporting the consolidation of truly autonomous human rights organizations. The President of the State Commission on Human Rights is plainly identified with the political group currently in state power, having acted as legal advisor for Ulises Ruiz Ortiz when he was campaigning, and in addition has played a questionable role when it comes to defending human rights. Civil Society’s independent human rights organizations have broken formal relations with said commission. The CEDH has been accused of being a decorative institution, whose role has become subordinate to the government’s interests. Its silence and failure to react in the face of events that have shaken the national consciousness has been shocking. Included in this list of events, just to mention a few, are massacres of peasants, jailings of indigenous prisoners, violence against women, persecutions of social leaders, political instability, and misgovernance. (Profile of the Ombudsman, “Para Todos los Derechos del Pueblo, Un Verdadero Defensor,” Colectivo por la Democracia, Oaxaca 2005.) ANEX 11

1.2.8 Violations of the Right of Suffrage

In Oaxaca practices of vote buying and conditioning continue to persist. There can be found numerous evidences of irregularities that constitute electoral crimes, such as: stockpiles of materials and food provisions in official warehouses, delivery of tools and food provisions, applications for electoral credentials, payoffs for assisting campaign meetings, and promises of public services or fulfillment of social programs. The Government of the State has taken advantage of the marginalization and extreme poverty within the state, especially in the indigenous areas. Of these practices, the most distressing is the conditioning of the vote of 10,000 taxi drivers who are allowed by the state government to operate irregular franchises, This was done by the current administration precisely in anticipation of the electoral contest to allow them to manipulate the taxi drivers, who now become hostage to voting for the PRI and the Alliance for Mexico.

1.3    Repression of the Teachers’ Movement

For more than over 25 years the teacher movement in Oaxaca, year after year, has presented the state with concrete labor demands. On May 15, 2006 70,000 teachers mobilized to demand the rescaling of their salaries due to the increase in the cost of living in the state. From the beginning, they proposed contributing 600 million in order to reach the 1,400 million pesos necessary (Noticias, May 16, 2006). Enrique Rueda  Pacheco, leader of the teachers, appeared fully willing to negotiate a solution. However, according to the head of the teacher union, the government had initiated a campaign against the teachers consisting of radio and televisions spots presented by a State Association of Family Parents in order to create a current of public opinion adverse to the movement. According to the head of the teachers, in statements to the press on May 15, this was done to establish a current of opinion that would allow the use of the “politics of force.” (Noticias, May 16, 2006).

Faced with no negotiations and unwillingness for dialogue on the part of the government, on the 22nd of May the teachers decided to set up an encampment in 50 streets in the center of the city of Oaxaca. The encampment began May 23, and its members announced they wished to dialogue directly with the governor of the state. Meanwhile, the president of Coparmex José Escobar Gómez, asked the government and the teachers to “initiate a dialogue and to try and do so as quickly as possible, as the losses suffered from only 2 days of the teacher’s encampment are great.” (Noticias 24 May 2006). Ulises Ruiz Ortiz took no notice of these pleas and practiced a policy of deaf ears. He argued that the government had offered what it could and would offer nothing else. In place of dialogue the governor initiated a campaign of support for his policy and against the teachers, summoning the presidents of municipalities and pressuring them to declare themselves against the teachers. 23 days later, the government did not only refuse to dialogue but put into action what the head of the teacher union had predicted, “the politics of force” ANEX 13

In an attempt to forcefully evict the teachers from their encampment in the city center, at 4:30 a.m. on the 14th of June the police surrounded the teachers and pushed them back to evacuate them from the city, invaded the facilities of the teacher’s union, destroyed the facilities of “Radio Plantón,” burned the belongings of the teachers, and from an helicopter belonging to the State Public Security Office the police fired tear gas, paralyzing gas, and pepper gas. These devices not only landed on the streets of the historic center, but on homes and public buildings like the Oaxacan Museum of Contemporary Arts, where 6 containers of these “stun bombs” were recovered. These gas bombs affected the teachers, as well as the men, women, and children who reside in the historical center, and the police themselves. The governor that day made false statements; false in the sense that they argued the evacuation had been performed in a peaceful manner and that the different police corps involved carried no firearms. In fact, however, different types of firearms where indeed used.

In this repressive action motivated by the government of the state, participated the following police corps: the Special Operations Police Unit (UPOE), the Tactical Intervention Ministerial Unit (UMIT), the State Preventive Police, the Special Operations Group of the City of Oaxaca (GOE), and the Municipal Police.  This operation also had the support of the helicopter with license plate number XAUCJ, arms of high caliber R-15, and gas bombs and gas grenades of tear and pepper gas.

The Red Cross attended to 172 people which where transferred to various hospitals throughout the city. The Secretary of Health attended 31 people. In the ISSSTE hospital 19 people were admitted. In the IMSS hospital 85 people were attended. Additionally, hundreds of people with less serious afflictions such as confusion, burns, injuries, high blood pressure, anxiety and fear were attended that day by medical volunteers, medical students, and rank and file workers of the Section XXXV of the Social Security. ANEX 16

2. BASIS AND MOTIVATION

The police operation implemented by Governer Ulises Ruiz Ortiz, was a great failure with great social costs to the civil population. This action only served to show the government’s incapacity to govern Oaxaca in a harmonious manner. The response of the government to these events was to state “In Oaxaca there is nothing happening.” This statement is consistent with the administration’s manner of exercising power; a policy of repeating lies and concealing the truth.

This review of the data and other information about the severity of the conditions in the State of Oaxaca clearly demonstrates a political crisis and outlines a sequence of social instabilities that could completely fracture the system of governance in Oaxaca. There exists an evident deterioration of political relations and a tendency towards the escalation of social conflicts, this due to the null and void division of powers, the biased application of the law, the persecution of social leaders, and the apathy of the government towards the conflicts of diverse characters present in Oaxaca.

The Government of the State of Oaxaca is responsible for acting and failing to act in manners that have resulted in harm to the public interest, some of these are: affronts to the democratic institutions of the state and the federation; systematic and serious violations of individual and social guarantees; the infraction of federal laws and the Constitution; the usurpation of tax money and the abuse of authority; attacks on the right to free suffrage.

Considering all that precedes, we consider that it is appropriate to initiate the process of impeachment of the Governor of the State of Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, given that as a result of his actions the government has violated the Political Constitution of the United Sates of Mexico and the Federal Law of Administrative Responsibilities of Public Servants. In accordance with the General Constitution, article 110, which establishes that “…Governors of the States…may be subject to impeachment…” It additionally states that “ The Chamber of Representatives will process the corresponding accusation to the Chamber of Senators …considering the accusations the Chamber of Senators will decide on an suitable sentence, and apply the sanction under a 2/3 vote of those present at the session…”

3. OAXACAN SOCIETY FORMALLY DEMANDS IMPEACHMENT

In Oaxaca constitutional order has been notoriously broken and legality and the state of law have been violated. Faced with all of this we consider it urgent that the Federal Government intervene through the Congress of the Union—the Chamber of Representatives as accusatory body and the Chamber of Senates as a judge of sentence-- so that in compliance with its attributes and abilities, the constitutional order that has been so violated may be restored in the State of Oaxaca.

Therefore, based on what is available in the Political Constitution of the United States of Mexico in articles 1, 8, 39, 74 section V, 76 section V, VI and VII, article 110 second paragraph, as well as what is stipulated in the Federal Law of Administrative Responsibilities of Public Servants, articles 5, 6, 7, 8 and 10,  we request the beginning of the process of impeachment of the State Executive with the aim of the removal of Ulises Ernesto Ruiz Ortiz from the office of Governor of Oaxaca.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. June 15, 2006.

Ana María Hernández Cárdenas
Miguel Ángel Vásquez de la Rosa
Margarita Dalton Palomo
Mario Hernández Martínez
Juan Carlos Martínez

OAXACAN CIVIL SOCIETY

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC (Oaxaca), Colectivo Nueva Babel AC, Centro para los Derechos de la Mujer Ñääxuiin AC, Grupo de Apoyo a la Educación de la Mujer GAEM, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos AC, Comité Civil de Resistencia Civil San Blasena Zapoteca, Universidad de la Tierra en Oaxaca AC, Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales AC, UCIZONI AC, UNOSJO SC, Fundación Comunalidad AC, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño CAMPO AC, Organización de Agricultores Biológicos ORAB AC, Centrarte AC, Sinergia para el Desarrollo Integral Sustentable AC, Ojo de Agua Comunicación, PROCAO AC, Centro Anhata, Ixcaxochitl AC, Orgánica San Agustín, Espiral por la Vida AC, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña IDEMO AC, Foro Oaxaqueño de la Niñez, Centro de Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca CANICA AC, Grupo Mesófilo AC, Centro de Estudios de la Mujer y la Familia AC, Nueve Lunas SC, Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos AC, Centro de Atención y Formación Humanista AC, Alternativas para la Equidad y la Diversidad AC, Habitantes del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, Pueblo Jaguar AC, Comité de Vigilancia Ciudadana, La Ventana AC, Binigulazaa AC, Promotora de Servicios para el Desarrollo PRODER SC, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto AC, Capacitación y Planeación Comunitaria AC,  Observatorio por los Derechos Humanos y la Democracia, Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco AC, Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, Semilla del Sur, Codice AC, Chamixezacui AC, Niño a Niño México AC, Colonias Unidas de Oaxaca AC, Asociación de Educación e Integración del Niño Dawn Oaxaqueño, Escuincles Traviesos AC, Yeni Navan SPR de RL, Vecinos del Fraccionamiento Casa del Sol, Red de Cafeticultores 5 de diciembre AC, Sociedad de Producción Rural La Esperanza de RL,  Sociedad Cooperativa Oganización de Mujeres Eloxochitecas, Margarita Magón de R. L., Consejo Central Indígena de Eloxochitlán, Unión de Comunidades Campesinas Marginadas AC, SPR de Apicultores de Eloxochitlán de RL, Lina Herrera, Nallely Moreno Moncayo, Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, INSO SC, Servicios para una Educación Alternativa EDUCA AC, Centro de Derechos Humanos Ñu’uji Kandí AC, Tequio Jurídico AC, Eccos AC; Enlace, Comunicación y Capacitación Oaxaca, AC; Taller de Desarrollo Comunitario AC, Xochipilli AC, DECA Equipo Pueblo AC, Tendiendo Puentes AC; Taller Bambú de Litografía y Grabado, Clínica del Pueblo Ana Seethaler, Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl AC, Cooperativa de Mujeres TEJA TREIG, AC, Centro de Formación AC, Asamblea Comunitaria Indígena Mazateca y Nahuatl.

(Official translation from the Popular Assembly of the People of Oaxaca)