Después de octubre, los movimientos sociales se reorganizan en Bolivia

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El paro de transportes continúa; exigen el congelamiento de los precios de los carburantes y la nacionalización de los hidrocarburos.

Paros, marchas, bloqueos y cabildos marcaron la jornada del miércoles 25 de agosto en varias ciudades de Bolivia. La ciudad de La Paz, sede de gobierno, quedó totalmente incomunicada por el “paro movilizado” de los transportistas; la ciudad de El Alto marchó masivamente hasta la “hoyada”; los familiares de las víctimas y heridos de la “guerra del gas” exigieron el juicio a Goni; las marchas del Movimiento Sin Tierra que partieron desde Collana y Batallas llegaron a La Paz donde fueron reprimidas por policías y varios “sin tierra” fueron detenidos; en Cochabamba, miles de personas exigieron la Nacionalización de los Hidrocarburos en un gran cabildo realizado en la plaza principal.

·    Al promediar el mediodía, una peta, motorizado que pertenecía a la Policía Nacional fue secuestrada y quemada en la avenida 14 de Septiembre, zona de Obrajes, al sur de la ciudad.

Según las señoras que vendían dulces, refrescos y comida por el lugar, muy cerca a la sede del Sindicato de Transportistas Litoral —uno de los más numerosos del sector—, los choferes decidieron quemar la peta porque, en otro punto cercano, los policías intentaban despejar los bloqueos de las avenidas que conectan el sur con el centro, donde había una gran cantidad de minibuses y micros impidiendo el paso de cualquier automóvil.

Las señoras contaron que los choferes estaban disconformes además porque la policía tenía orden expresa de disolver el bloqueo para que el Presidente Carlos Mesa pudiera pasar de su casa ubicada en esa zona residencial hasta el Palacio de Gobierno.

·    También al promediar el mediodía arribó a La Paz, la marcha encabezada por la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, al grito de “¡Arriba, Abajo, queremos la cabeza de Goni, carajo!” y “¡Nacionalización, ya!”

El presidente de FEJUVE, en la Plaza San Francisco, advirtió al Presidente y al Parlamento que las juntas vecinales alteñas no van a dar más tiempo para que el Parlamento trate el juicio contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores por la masacre de octubre del 2003.

“Otra vez, volvemos a recordar al Presidente que no se olvide su promesa que ha hecho al pueblo alteño, el 18 de octubre. El dijo, “ni olvido ni venganza, pero justicia”. Junto a él, marcharon los familiares de las víctimas y los heridos y mutilados de la masacre. Según las asociaciones que agrupan a las víctimas, 70 personas murieron, más de 400 fueron heridas, hubo torturados y desaparecidos en ese “octubre negro”.

Por otro lado, hombres, mujeres, niños y ancianos que marcharon, exigían la Nacionalización de los Hidrocarburos como única opción para controlar la riqueza natural del gas. Mientras tanto, señalaban, el gobierno debe congelar el precio de los carburantes “porque cuando suben afectan la economía de nuestros hogares”.

·    La otra movilización que invadió las calles paceñas fue protagonizada por el Movimiento Sin Tierra. La marcha que se inició la semana pasada, había partido de las localidades de El Tholar y Batallas. Los sin tierra llegaron con dos exigencias, la liberación del dirigente Gabriel Pinto, preso en el penal de San Pedro; y la nacionalización de los hidrocarburos.

Cuando la marcha intentó llegar al penal, donde se encuentran nueve detenidos en el caso de Ayo Ayo, la policía dispersó a los marchistas usando gases lacrimógenos a diestra y siniestra. En seguida, los policías detuvieron a 14 personas (8 mujeres y 6 varones) que fueron conducidas a la policía técnica judicial.

Las nuevas batallas

Después de lo que significó la llamada Guerra del Gas, en octubre del año pasado, los movimientos sociales empiezan a articular acciones expresando el descontento con la política que lleva adelante el gobierno de Carlos Mesa en cuanto a tierra, agua, luz, hidrocarburos, justicia y la paulatina criminalización de las protestas sociales.

Uno de los principales temas que llevó al paro de transporte en La Paz, El Alto y Cochabamba es el constante alza de precios de los carburantes —sujetos al aumento de precios de los hidrocarburos en el mercado internacional— lo que lleva a un aumento en los precios de los pasajes de transportes y de artículos de primera necesidad como el pan.

Hidrocarburos: ¿para qué sirvió el referéndum?

Los transportistas exigen el congelamiento de precios de los carburantes porque cualquier alteración afecta la vida de los trabajadores en el campo y la ciudad, ahondando más la crisis en los hogares bolivianos. Muchos vecinos que salieron en manifestación llamaron al gobierno a cumplir el mandato del referéndum del gas, realizado el pasado 18 de julio, el cual fue interpretado por la gente como la “recuperación de la propiedad de los hidrocarburos” de forma inmediata, lo que permitiría controlar los precios de los hidrocarburos de otra manera y no como ahora que suben a merced de las transnacionales del petróleo. Las decisiones dilatadas del gobierno en hacer cumplir aquel resultado del referéndum son asumidas como una “burla con el pueblo”.

Prueba de ello es el incumplimiento de la instalación de gas domiciliario en los hogares, lo que fue duramente criticado por los marchistas, principalmente alteños. “En lugar de instalarnos gas, el gobierno lo está vendiendo a Brasil y Argentina a precio de gallina muerta”, decía una señora.

A esta decepción popular, se suman las declaraciones del ministro de la presidencia, José Galindo, en sentido de que la dirigencia de los choferes —en huelga de hambre por una semana— estuviesen recibiendo dinero de “algunos sectores interesados en convulsionar el país” provocó la ira y determinación de que en la ciudad de El Alto el paro se extienda indefinidamente.

La actitud del gobierno no es nueva. Por un lado, ha dejado en claro que no dejará la política que beneficia a las empresas extranjeras que manejan no sólo el negocio de los hidrocarburos, sino de agua, luz, telecomunicaciones y otros servicios; y por otro, se dedica a desprestigiar a los movimientos sociales que levantan demandas antiguas en lugar de dar soluciones a necesidades urgentes.

Criminalización de las protestas

Esta campaña que encuentra eco en varios medios de información se refleja en el caso del dirigente Gabriel Pinto del Movimiento Sin Tierra, quien fue detenido hace dos semanas acusado de haber participado en el ajusticiamiento del alcalde de la localidad rural de Ayo Ayo.

El hecho que en su momento fue asumido como justicia comunitaria por la gente del lugar, no fue investigado ni esclarecido, sin embargo 9 personas ya se encuentran presas, por sospecha. Exigiendo la libertad de Gabriel Pinto y de los otros presos en el caso, el MST se movilizó desde las localidades de El Tholar y Batallas, marchando hasta la sede de gobierno.

La marcha que fue acompañada por Angel Durán, dirigente nacional del MST, y Felipe Quispe de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, fue gasificada cuando intentaba llegar al penal de San Pedro, donde fueron detenidos 10 marchistas sin tierra. Durán afirmó que el gobierno intenta descabezar al MST para evitar la toma de tierras que viene realizándose en varios puntos del país. Por su parte, Quispe amenazó con secuestrar a ministros y otras autoridades hasta la liberación de los detenidos.

Larga marcha por la nacionalización

Finalmente, Cochabamba marcó un nuevo hito en la llamada “larga marcha por la Nacionalización de los Hidrocarburos”, campaña lanzada por la Coordinadora de Defensa del Gas, antes del referéndum. Dando continuidad a su plan de trabajo, realizó una marcha con miles de personas, en la que participaron varios sectores urbanos y rurales. Los regantes incluyeron en la manifestación la regulación de los precios por consumo de electricidad ya que su elevación está afectando el uso de las bombas que suministran agua a los distintos cultivos.

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