Otra política de drogas es posible

Expertos y activistas de América Latina se dieron cita para proponer alternativas al paradigma prohibicionista

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Los días 13 y 14 de septiembre, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la III Conferencia Latinoamericana y la I Conferencia Mexicana sobre Política de drogas, con la presencia de 30 expertos de 11 países.

El evento, organizado por el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), de México, e Intercambios A.C., de Argentina, no sólo estuvo conformado por los críticos del sistema de prohibición global de las drogas, sino que también fueron citados políticos y tomadores de decisiones que pugnan por continuarlo.

Realizada en el contexto de la narcoguerra que ha dejado en México casi 50 mil víctimas, mil 600 niños muertos y 40 mil huérfanos desde que el gobierno de Felipe Calderón tomó el poder en 2006, la reunión sirvió para proponer opciones a un sistema de control que ha demostrado su infectividad para disminuir el consumo de drogas en jóvenes, limitar el poder corruptor y económico del crimen organizado y evitar las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. El foro demostró que, en comparación con la nación azteca, Sudamérica está avanzando a pasos agigantados en la discusión de las opciones para atender el problema provocado por el uso, abuso y comercio de las sustancias ilícitas.

La conferencia fue inaugurada por Jorge Hernández Tinajero, presidente CUPIH; Philippe Lamy, representante de la Organización Panamericana de la Salud en México; César Núñez, director del equipo de apoyo regional para América Latina del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el SIDA (ONUSIDA); Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional contra las Adicciones (CONADIC) del gobierno federal; y Graciela Touzé, Presidenta de Intercambios.

En el primer panel, “Consecuencias de la Guerra contra las drogas”, Alejandro Madrazo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), hizo una demoledora crítica a las políticas de control de drogas adoptadas por el gobierno mexicano, como el impulso de modificaciones legales como la figura del arraigo y las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que atentan contra los principios organizativos del federalismo.

Madrazo cuestionó las recientes declaraciones del presidente Felipe Calderón sobre la corrupción del sistema judicial mexicano y la liberación de los detenidos por su gobierno en conexión con delitos contra la salud  cuando en realidad las estadísticas demostraron que los jueces del país suelen dictar sentencias condenatorias en más del 80 por ciento de los casos que estudian y sólamente dejan en libertad al 10 o 20 por ciento de los acusados. Si los delincuentes son absueltos, afirmó el investigador, se debe a que el gobierno federal suele pasar por alto las más elementales normas constitucionales para someter a proceso a los inculpados.

Daniel Mejía Londoño, de la Universidad de los Andes, en Colombia, realizó una análisis sobre la disponibilidad y los precios de la cocaína y su relación con los intentos de erradicación de los cultivos de hoja de coca. “El país gastó 700 millones de dólares al año. Es decir, es la intervención más grande de mercados ilegales de drogas que se ha hecho en el mundo y equivale al 1.1% del Producto Bruto Interno (PBI) de Colombia”, aseveró. Según Mejía, inicialmente la erradicación tuvo un efecto rápido sobre el número de hectáreas plantadas, pero no se mantuvo a largo plazo y generó el desplazamiento de cultivos más allá de la frontera colombiana hacia el territorio peruano. Además, resultó altamente nocivo para el medio ambiente, la salud humana y la agricultura de subsistencia.

La intervención más polémica sucedió en el panel “La perspectiva de los organismos intergubernamentales”, cuando Antonio Mazzitelli, representante regional de  la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, para México Centroamérica y el Caribe, rechazó que su institución sea un monstruo prohibicionista, pues sólo se encarga de impulsar el cumplimiento de los convenios internacionales signados por los países miembros de la ONU. Añadió que los problemas de tráfico de drogas requieren de soluciones represivas:  “La atención de los usuarios de drogas es un tema de salud, pero el mercado es un tema de seguridad y debe tratarse como parte del crimen organizado”. Mazzitelli dijo categórico que la mayoría de los Estados del mundo se encuentran satisfechos con las convenciones internacionales para el control de drogas.

En el panel “Drogas, identidades y cosmogonías”, destacó la intervención de Mary Ann Eddowes, directora de la Asociación Peruana de la Hoja de Coca, quien hizo un llamado a los asistentes a respetar las plantas que curan (en especial la hoja de coca) y a rechazar de los compuestos sintéticos perjudiciales para la salud.

En concordancia, Beatriz Caiuby Labate, antropóloga en la Universidad de Heidelberg de Brasil, en temas relacionados con sustancias sicoactivas, religión y rituales, hizo una cautivadora presentación sobre los usos tradicionales de la Ayahuasca, sus controversias públicas y sus desafíos legales.

En la conclusión de las actividades del primer día, Eva Amorin, responsable de Medios de Intercambios y Kasia Malinowska Sempruch, del Programa Global de Política de Drogas del Open Society Institute, entregaron al periodista mexicano Diego Osorno, el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas, por su reportaje "Quien mató al alcalde?" publicado en la revista Gatopardo.

El segundo día de la conferencia inició con el panel, “El impacto de las estrategias de reducción de la oferta en la disponibilidad de drogas ilícitas y en la violencia”, con una conferencia magistral de Dan Werb, investigador de la Iniciativa en Salud Urbana del Centro para la excelencia en VIH/SIDA de la Columbia Británica, en Canadá. El especialista presentó las investigaciones que  ha llevado a cabo con sus colegas, donde concluyen que, contrario al discurso del presidente Felipe Calderón, de que la violencia que azota al país no es provocada por el gobierno en su lucha contra el narco, en realidad sí se ha demostrado una correlación entre mayores esfuerzos de procuración de justicia y un incremento en los índices de homicidios violentos. Esto, concluyeron, se debe a que ante la falta de un mercado regulado donde los delincuentes puedan resolver sus controversias por vías pacíficas, sólo pueden recurrir a la violencia para dirimirlas, más aún cuando los gobiernos sacan del juego a importantes figuras criminales que dejan vacíos en el comercio de drogas ilegales.

Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto mexicano en temas de violencia, seguridad y crimen organizado, acuñó el concepto de “epidemias de violencia”, como un mecanismo para registrar, detectar y prevenir los aumentos súbitos de homicidios, como en el caso de ciudades como Monterrey o Ciudad Juárez. El panelista estimó que para el año 2012 se espera que el número de ejecuciones ronde la cifra de 64 mil muertos, donde el mejor escenario arrojaría sólo 55 mil asesinatos y el peor de 91 mil.

En el panel, “Respuestas socio-sanitarias: experiencias y desafíos”, destacó la participación de María Elena Ramos, directora del programa Compañeros, en Ciudad Juárez, Chihuahua. La activista describió cómo su organización se convirtió en pionera en la promoción de políticas de reducción de daños para la atender a los usuarios de drogas inyectables afectados por contagios de VIH/SIDA, hepatitis C, infecciones y sobredosis.

La conferencia concluyó con un mensaje de jóvenes latinoamericanos y de personas que usan drogas y encabezaron el cierre Jorge Hernández Tinajero (Cupihd)y  Pablo Cymerman (Intercambios), quienes señalaron los retos que los activistas del movimiento antiprohibicionista tienen por delante, en particular la necesidad de articularse con movimientos sociales y políticos de base para impulsar cambios de larga envergadura.

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Erich Moncada is a freelance journalist from Northwestern Mexico, specialized in drug policy and politics. He's currently performing research on random student drug tests on Mexican schools.